JUICIO POLÍTICO A LOS MINISTROS DE LA SCJN
Por. Raymundo Ibáñez del Castillo
1ª. de tres partes
«Malditos aquellos que con sus palabras
defienden al pueblo y con sus hechos
lo traicionan»: Benito Juárez
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre mujeres y hombres, serían sujetos de juicio político, en caso de que sirviendo a intereses perversos, mezquinos, totalmente extraños y en contra de Oaxaca y ajenos a la región de los Chimalapas, indebidamente y en contra de la constitución, validaran el «acuerdo amistoso», celebrado a espaldas de los comuneros sobre los límites territoriales entre los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, representados por los morenistas, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar y Salomón Jara Cruz, respectivamente.
A todas luces y a simple vista, el «acuerdo amistoso», orquestado por intereses políticos perversos de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca y, avalado por comuneros de ese lugar mareño, firmado sin consentimiento del pueblo y a sus espaldas, es totalmente inconvencional, inconstitucional e ilegal, tal y como lo sostiene el asesor jurídico de la comunidad de San Francisco del Mar, Víctor Hugo Alejo Torres.
Contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con fecha 16 de noviembre de 2021, resolvió la controversia constitucional 121/2012, mediante la que determinó la línea limítrofe entre ambos estados; y en la que se estableció que esa línea inicia en la Barra de Tonalá, Chiapas, a los 16 grados de latitud norte con dirección al «Cerro del Chilillo» y continúa hasta el «Cerro de la Jineta» y de ahí, con rumbo al «Cerro de los Martínez».
No está por demás, reiterar, una y otra vez; y cuántas veces sea necesario, que las coordenadas geográficas de los cuatro puntos, están erróneas.
Precisamente por esto, el pueblo indígena Zoque de Santa María Chimalapa, con aseesoría jurídica de Víctor Hugo Alejo Torres, promovió el recurso denominado «Amicus Curiae», para la aclaración de las coordenadas de todos y cada uno de los 4 puntos, a diferencia de que el Gobierno de Oaxaca, ya sea por ignorancia, o lo que es peor, por mala fe y alta traición, se concretó a pedir la corrección del «Cerro de los Martínez», sin tomar en cuenta los otros tres.
Con todo y la absurda oposición de las ministras Yazmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, la petición de los zoques procedió con los razonamientos de los otros ocho ministros, avalados por la petición de los zoques.
Desafortunadamente y en forma inmediata, después de este hecho de vital importancia para la solución definitiva del conflicto limítrofe, entre Chiapas y Oaxaca, el Congreso del Estado de Oaxaca, presidido en aquel entonces por el ahora Senador de la República y aspirante a la gubernatura del Estado o a la Presidencia Municipal de la ciudad de Oaxaca, Luis Alfonso Silva Romo, aprobó un decreto con fecha 13 de abril de 2023, en el que acatan la sentencia y agregan un transitorio en el que autorizan al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, firmar el «convenio amistoso» de límites con el gobierno de Chiapas.
Cinco días después de este decreto, los representantes de Oaxaca y Chiapas firmaron el famoso «convenio amistoso» de límites territoriales, el 18 de abril de 2023, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para dejar en la parte sur del lindero interestatal, los límites actuales entre los municipios de Cintalapa de Figueroa, Arriaga y Tonalá, de Chiapas, con los municipios de San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, en Oaxaca, conforme a lo publicado hasta diciembre de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
